Fuente: www.levante-emv.com
Los agentes medioambientales afirman que reciben presiones
para no denunciar las irregularidades en esta modalidad
Ramón Pardo, Castelló

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Provincia de Castelló denuncia la existencia de «presiones encubiertas», de forma verbal, a los agentes interinos para que no se efectúen tantas denuncias de irregularidades en la práctica de la caza con parany en Castelló. Esas presiones llegan, según fuentes del citado colectivo profesional, de los jefes de comarca directamente hacia los agentes que tienen contratos interinos y que pueden ver como al finalizar su vinculación laboral se extingue su relación contractual con la Administración autonómica.

La denuncia de la existencia de estas «presiones» se produce cuando el colectivo conservacionista Ecologistas en Acción-Grupo de Estudio de las Rapaces (GER) se ha remitido un escrito a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, denunciando el «desinterés» por parte del conseller de Territorio, Rafael Blasco, por aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe cazar en parany, puesto que no es un método selectivo de caza, según el citado tribunal, cuyo dictamen se suma al del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y del Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo.
En el escrito que también se pide a Narbona que obligue al Director Territorial de la Conselleria de Territorio, Jorge Traver , a que haga cumplir las sentencias y ordene a los agentes medioambientales a dedicar más tiempo al control de la caza y en especial durante octubre y noviembre, porque, añaden, «consideramos que el señor Traver es el responsable máximo en Castelló del control del furtivismo masivo que se está dando en estos momentos».

Cien infracciones

Por otro lado, los boletines de denuncia por infracciones en los parany de Castelló rondan la centena, la mayoría de ellas recogidas en la zona centro de la provincia. Esos boletines son los que Ecologistas en Acción-Agró ha pedido que se trasladen al Fiscal para que se instruya la pertinente denuncia por infracción de las sentencias de los tribunales de justicia españoles y europeos.
Esos boletines de denuncia no acaban siempre en sanción, puesto que para que eso se produzca debe ser instruido el expediente por parte del director territorial de la conselleria, Jorge Traver. Éste, de acuerdo con los informes de los técnicos y con la legislación existente, impondrá la cantidad (multa) que estime pertinente. Sanción que puede ser recurrida. Finalmente la resolución de ese proceso no se produce hasta abril o mayo próximo, según han manifestado las fuentes consultadas por este diario.