Fuente: www.diariodecadiz.com
Fecha: 25 Septiembre 2005
Indignación. La nueva Ley de Caza aprobada por la Junta ha unido a los cazadores y a los propietarios de armerías de la provincia, que dicen sentirse "acosados" por una Administración "que sólo busca echarnos del campo como sea"

unidos. Manuel Fenoe, presidente de la peña de cazadores de San Fernando, y Álvaro Poch, propietario de la armería 'Laval', en Puerto Real.

FCO. SÁNCHEZ ZAMBRANO
la CRÓNICA
cádiz. "Imagínese que la Junta de Andalucía saca una ley que impide jugar al fútbol en pabellones, patios de colegio o pistas deportivas de barriadas. Y que esa misma ley fija que sólo se podrá jugar al fútbol en campos de primera división, previo pago cuantioso, y únicamente en agosto. Pues algo parecido es lo que ha hecho la Administración andaluza con los cazadores, a los que nos impide practicar nuestro deportivo favorito con el único fin de intentar echarnos del campo como sea". La comparación, cargada de una crítica mordaz, es obra del secretario de la Peña de Cazadores de San Fernando, Joaquín Galindo, y viene a sintetizar el sentimiento mayoritario que en los últimos meses se ha apoderado de los muchos amantes del deporte de la escopeta que hay en la provincia de Cádiz.

La reciente aprobación por parte de la Junta de Andalucía de la nueva Ley de Fauna y Flora Silvestres, que ha venido a sustituir a la arcaica Ley de Caza de 1970, ha dejado con un palmo de narices no sólo a los cazadores, sino también a las armerías de la provincia y a las empresas fabricantes de armamentos, que han empezado a sufrir unas preocupantes pérdidas económicas que, además, amenazan con agravarse a corto plazo.

Dicen los cazadores que ellos también eran partidarios de modificar la antigua Ley de Caza, porque había quedado claramente desfasada. Pero confiesan que jamás se imaginaron que la nueva normativa que ya ha entrado en vigor les iba a ser tan perjudicial.

La queja principal la centran en la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de prohibir la caza en los terrenos libres, al contrario de lo que sucedía antes, cuando más de la mitad de los cazadores de la provincia optaban por esos espacios naturales para tirar. Ello fuerza ahora a los cazadores a poder disparar exclusivamente en los cotos privados de caza, que están aplicando una subida continuada de sus tarifas por el incremento incesante de la demanda.

Esta medida de la Ley supone un "ataque frontal a los cazadores modestos", según denuncia Manuel Fenoe, que es el presidente de la Peña de Cazadores de San Fernando, una de las más numerosas y antiguas de la provincia. Indica Fenoe, además, que la nueva Ley "sólo favorece a los ricos y a los potentados". Y advierte también que el aumento progresivo de licencias de caza en Andalucía podría sufrir un retroceso en los años venideros, al multiplicarse los gastos que debe afrontar cualquier cazador que quiera iniciarse en este deporte y que se cifra en más de 200 euros, entre la licencia de caza, la obtención del permiso de armas –incluyendo ambos cursos–, el seguro obligatorio, el reconocimiento médico y las tasas.

El centro de todas las críticas es la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, a la que califican como "la máxima terrateniente de Andalucía" y a la que echan en cara "que se haya plegado ante los ecologistas y que no haya respondido a ninguno de los más de 500 requerimientos que hemos planteado a la Ley", subraya Fenoe.

Se da el caso de que el secretario de la Peña de Cazadores de San Fernando, Joaquín Galindo, fue durante 12 años secretario del colectivo conservacionista Agaden. Hoy, cuando suma más de un año sin poder disparar, afirma no entender "el ecologismo radical" y apunta incluso que los cazadores "somos más ecologistas que los que se denominan así", explicando al respecto que ponen su dinero para reponer la fauna en los cotos y que a la hora de cazar "sabemos dónde está el límite y procuramos siempre salvar la caza del año siguiente".

Pero la nueva Ley de Caza llega incluso a afectar por partida doble a algunas personas. Uno de ellos es Álvaro Poch Blanco, que decidió un buen día hacer de su pasión su sustento diario. Por ello, este amante de la caza abrió en Puerto Real la armería Laval, además de un campo de tiro en esta misma localidad. Hoy los beneficios económicos de su armería han caído un 30 por ciento en el último año, al descender de manera alarmante las ventas de escopetas, fundas, municiones y vestimentas. Esta tendencia, explica, se ha generalizado en el resto de armerías.

Sin espacio donde practicar su deporte preferido y asediados por la estricta vigilancia forestal y por unas sanciones que califican de "desmesuradas", los cazadores gaditanos dicen sentirse "acosados" por una Administración "que nos trata como a delincuentes".

Y tras recordar que el que practica la caza ingresa un dinero curioso no sólo en varios sectores económicos de la provincia (ventas, gasolineras, armerías... con un gasto medio de unos 4.200 euros anuales) sino también en las arcas de la Junta (por el pago de las licencias de caza), este amplio colectivo ha decidido declararse en rebeldía con objeto de recuperar parte de unos derechos que entienden que les han sido cercenados. La primera manifestación la protagonizaron en Sevilla el pasado 6 de agosto, con la presencia de varios miles de cazadores llegados de diversos puntos de Andalucía. La segunda ya se está preparando. Porque la rebelión de las escopetas no ha hecho más que comenzar.